Montevideo, 12 de octubre de 2004

 
     
  A los Medios de Comunicación y a la Opinión Pública:  
     
  Los inspectores de trabajo , funcionarios de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (Unidad Ejecutora del MTSS), estamos hoy en conflicto, con la Administración de este Ministerio.
El jueves 14 del corriente realizaremos una jornada de denuncia con ocupación de los lugares de trabajo y paro de actividades, concentrándonos en nuestras oficinas a partir de las 9:30 horas.
 
     
  Nuestro gremio, la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (A.I.T.U.), desde hace más de una década ha luchado por la dignificación de nuestra función, que entendemos constituye una herramienta de singular valor en el sistema de relaciones laborales del país. La dignificación, o la revalorización del rol de la Inspección del Trabajo, implica la ejecución de políticas adecuadas, para dotar al instituto Inspección del Trabajo, de los recursos necesarios a fin de lograr sus cometidos con eficiencia , cumpliendo con sus obligaciones, consagradas por Convenios Internacionales del Trabajo (Nros. 81 y 129), ratificados por el país, y reglamentados por Decreto 680/77.

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  Entre las obligaciones fundamentales, este Decreto, (Artículo 6,literales a y b), expresa que a la IGTSS, compete:  
     
  -Proteger la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores y en especial de los menores y de las mujeres que trabajan;

-Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia laboral de la seguridad social, los contratos o convenios colectivos y demás normas vigentes;...
 
     
  El mundo del trabajo de nuestro país, nos muestra que aquello, hoy es solo una realidad en el papel, así como también los artículos 53 y 54, de nuestra Carta Magna, que consagran especialmente la protección del trabajo, como un bien, que constituye un derecho humano, de los trabajadores, en especial de los menores y las mujeres.
Por el contrario, la realidad nos muestra, desempleo, sub-empleo, flexibilidad, desregulación, precarización del empleo, informalidad creciente, para miles y miles de compatriotas.



Uruguay es uno de los países del mundo, que más Convenios Internacionales del Trabajo ha ratificado. No obstante, desde esta Administración (MTSS), el año pasado se impulsó un Proyecto de Ley -el cual no prosperó, para suerte de nuestros trabajadores-, que borraba el derecho histórico vigente, que limita la jornada laboral a 8 horas según Ley 5.350 de 1915, la cual crea también , el primer cuerpo inspectivo de 25 funcionarios, para el efectivo control del cumplimiento de la misma.-
Los inspectores de trabajo, apenas un ciento, para una PEA cercana al millón trecientos mil, no estamos fuera de esta realidad.
Somos trabajadores del Estado, con bajas remuneraciones, por lo cual muchos de nosotros vivimos situaciones de multiempleo, con el consiguiente demérito de la función inspectiva. A esto se agrega la dificultad de contar con insuficientes recursos económicos y materiales para el adecuado funcionamiento del servicio; y por si esto fuera poco, se nos asignan nuevas competencias, sin ninguna contrapartida a cambio.

En efecto, desde el año 2001 según Ley Nº 17.243 y su Decreto Reglamentario Nº 176/01, se nos transfirieron las responsabilidades en materia de condiciones de seguridad y salud, en todos los ámbitos portuarios del país al disolverse ANSE (Administración Nacional de Servicios de Estiba). Los recursos de funcionamiento de ANSE surgían de una tasa a las importaciones, que aún se sigue aplicando. Según las normas mencionadas, el producido de dicha tasa, se vierte a Rentas Generales, a quien esta Administración debe reclamar y no lo hace, los recursos para el cumplimiento de las nuevas competencias.

Tampoco, este Gobierno responde a las observaciones de la O.I.T., la que a través de su COMITÉ DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE NORMAS, luego de procesar la denuncia efectuada por la CONFEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE INSPECTORES DE TRABAJO, que integramos, le solicitó en este año, medidas para:

" 1) restablecer para los inspectores de trabajo las condiciones de servicio que garanticen su independencia respecto a toda influencia exterior indebida (artículo 6 del Convenio) y que les permitan ejercer sus funciones con la autoridad y la imparcialidad necesarias en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores (artículo 3, párrafo 2), y 2) reforzar los medios materiales, financieros y logísticos indispensables para el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta la movilidad que necesitan (artículos 11 y 16). La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre todas las medidas tomadas o previstas para lograr estos fines, así como sobre los resultados obtenidos."




Entre otras exigencias de la O.I.T., se está solicitando al Gobierno, un régimen de exclusividad para los Inspectores de Trabajo, lo cual siempre hemos reivindicado.
Esto es posible para la D.G.I. por una ley firmada por nuestro Ministro. Para nosotros, no es posible, porqué al fin y al cabo, nuestras funciones no son
recaudadoras, sino de orden social, y lo social, evidentemente para esta Administración, admite esta postergación.


Ante esta realidad, los inspectores de trabajo, a través de nuestra Asociación -A.I.T.U.-, hemos negociado con nuestras autoridades, desde el comienzo de esta Administración. Poco o nada hemos logrado, en ese camino, que procuraba no interferir con nuestra obligación de protección de las condiciones en que laboran los trabajadores de este país. Solamente promesas y permanentes dilatorias.

Por ello, el conflicto, declarado desde el 27 de Julio pasado, implica la adopción -por el momento- de las siguientes medidas:

1) Suspensión de todas las actuaciones inspectivas en todos los ámbitos portuarios del país.

2) Actuaciones en la Industria de la Construcción, exclusivamente por Denuncias.

3) Retiro de todos los Inspectores de Trabajo, de todas las Comisiones Técnicas, que integran como asesores técnicos.

Hasta el momento, esta Administración no ha hecho ningún esfuerzo para destrabar esta situación. Por tanto, las autoridades del M.T.S.S. serán responsables por los abusos que puedan emerger en estos sectores de actividad, afectados por el conflicto.

Somos funcionarios públicos, que queremos cumplir nuestra función, de eminente valor social, en particular en el ámbito de las Relaciones Laborales, con dedicación, trasparencia y eficiencia.
Permanentemente hemos tenido voluntad de diálogo, y la mantenemos, siempre y cuando se discuta con seriedad, y no con promesas vanas desde la Administración, que solamente dilatan las soluciones en el tiempo.



 
    Francisco Pierlet   Eduardo Fernández  
    Secretario   Presidente